Un delito inaceptable

Sin proponérselo, una trascendental resolución del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU pone sobre la alfombra de la Semana Santa el espinoso tema de la religión y la libertad de pensamiento. Por presión de los países islámicos del CDH, este organismo aprobó el 26 de marzo un documento que "repudia la violencia y los ataques físicos y psicológicos contra las personas, en función de su religión o creencias". ¿Quién podría oponerse a tan noble condena, acorde con la libertad de conciencia que consagra la Declaración de Derechos Humanos?

Sin embargo, tras la frondosa retórica burocrática suelen agazaparse dañinas amenazas. Así ocurre con esta resolución, fruto de una prolongada acción fundamentalista contra la que vienen advirtiendo numerosos defensores de la libertad de expresión. El propósito de fondo es trasladar la ley moral mahometana (sharia) a la órbita de la ONU o, como denuncia una ONG, la consagración de que todo ataque al islam es "una grave afrenta contra la dignidad humana" y un atentado contra la libertad religiosa. El pretexto de la resolución son las críticas que han sufrido en Occidente algunos gobiernos y creyentes mahometanos, en particular los más fanáticos, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Los regímenes teocráticos aspiran a que la resolución impulse la consagración de la "difamación religiosa" como delito.

Aprobada por la mayoría que tiene en el CDH la Conferencia Islámica, y con la abstención de casi todos los delegados latinoamericanos, la declaración favorece indirectamente a las demás religiones, pues entroniza el castigo de cuanto ellas consideren ofensivo. En cambio, siembra la alarma en entidades protectoras de derechos humanos y motivó a Barack Obama a anunciar que buscará un puesto en el Consejo, del que está ausente. Casi 200 ONG de más de 50 países -entre ellas el Pen Club, la Freedom House y agremiaciones de periodistas- se oponen al inaceptable pronunciamiento, "grave amenaza para la libertad de expresión". Varias publicaciones europeas y norteamericanas denuncian este avance de las fuerzas retardatarias en la ONU y afirman que viola libertades consagradas en la Declaración de Derechos Humanos.

Tienen razón. Resultan muy respetables los sentimientos religiosos, pero la fe de los creyentes no es más que una opinión metafísica que por ningún motivo debe ostentar categoría superior a otras ideas. Sería insensato tipificar como delito la execración de un sistema político o una concepción científica; así mismo, parece inaceptable reprimir penalmente las críticas contra una religión, como se pretende.

En los países teocráticos, la discrepancia con el Dios oficial se reprime con castigos físicos, cárceles o aun la muerte. Lamentablemente, otras naciones, de estirpe laica, han elevado la crítica religiosa a la categoría de delito. No nos referimos a la injuria, la violencia antirreligiosa o el racismo, que merecen castigo, sino a opiniones que atacan la fe ajena. En Canadá, por ejemplo, un denuesto contra una religión puede ser ilegal. Sin ir muy lejos, en Colombia el Código Penal contiene un artículo que habría provocado delirio en la Conferencia Islámica. Es el 203, que consagra como delito el "agravio" a cultos religiosos, sus símbolos o sus miembros. Según se entienda, esta norma, que quiso esgrimirse ya en un fracasado intento de censura de prensa, considera delincuente a quien ofenda los sentimientos religioso de otro. Logra así criminalizar la "difamación religiosa", esperpento jurídico que anticipa la peligrosa resolución de la CDH, deshonra el espíritu liberal de nuestra Constitución y atenta contra la libertad de expresión de la Carta de la ONU.

La dignidad y el vigor de una religión deben emanar de ella misma, de sus planteamientos y su coherencia, no de los gendarmes que la escolten.

Editorial diario El Tiempo, Bogotá, Colombia. 9 de abril de 2009.